Casado hace oposición en los juzgados: pleitea contra los 'decretos sociales', los cambios en RTVE y la forma de prometer de los diputados

Casado (en el centro), el pasado día 7, tras la reunión que mantuvo junto a los exministros de Justicia José María Michavila, Ángel Acebes, Alberto Ruiz Galardón y Rafael Catalá

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dejado claro esta semana que en el caso de que PSOE y Unidas Podemos consigan aprobar su propuesta para reducir la mayoría necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –en situación de interinidad desde 2018 precisamente por el bloqueo del PP a las negociaciones con el Gobierno–, su partido está dispuesto a llevar la reforma ante "las instituciones europeas, los tribunales europeos, el Consejo de Europa y, por supuesto, la Justicia española", en forma de recurso ante el Tribunal Constitucional.

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De consumarse su amenaza, ese movimiento sería el enésimo paso que daría la dirección del PP en su estrategia de lawfare, o guerra jurídica, que consiste en judicializar la vida política para paralizar al Gobierno y hacerle oposición desde los tribunales, en cuyas altas instancias predominan los jueces conservadores tras años de bloqueos de los populares que han permitido la elección de magistrados afines en el Tribunal Supremo o en el propio CGPJ.

Las maniobras para dilucidar en los juzgados las discrepancias políticas con el Gobierno progresista se han dado prácticamente desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y comenzó a legislar en el Consejo de Ministros. En julio de 2018, apenas un mes después de que el Ejecutivo socialista tomará posesión tras expulsar al PP del poder, Casado recurrió ante el Tribunal Constitucional el decreto ley que facilitó el desbloqueo de la renovación del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE y de su presidente, que los populares se negaron a negociar con el PSOE.

El recurso fue admitido a trámite en septiembre de ese año. En él, los populares consideraron que el decreto, que culminó con el nombramiento de Rosa María Mateo como administradora única, supuso un "golpe a la democracia" y una "aberración jurídica contra la separación de poderes".

La guerra contra los decretos leyes

En ese momento, justo al inicio de la XII Legislatura que concluyó en abril de 2019 con el adelanto de las elecciones generales, la dirección de Casado ya advirtió de que llevaría al Constitucional todos los decretos leyes que no estuvieran suficientemente "motivados por la urgencia que exigen" ese tipo de normas. A diferencia de las proposiciones de ley, los decretos normas suelen tramitarse en lectura única en el Congreso de los Diputados y, por tanto, sin el procedimiento legislativo ordinario que prevé plazos de presentación de enmiendas y dictámenes en las correspondientes comisiones.

En ese momento estaban encima de la mesa los decretos leyes para sacar a Franco del Valle de los Caídos, la implementación del pacto contra la violencia machista o a la recuperación de la sanidad universal. Sin embargo, el PP finalmente no llevó esos asuntos ante los tribunales ya que los grupos que apoyaban al Gobierno admitieron que todos ellos fueran tramitados como proyectos de ley en la Cámara Baja.

La dirección de Casado volvió a la carga el 4 de abril de 2019, menos de 24 horas después de que la Diputación Permanente del Congreso diera su visto bueno a los conocidos como "decretos sociales" del Ejecutivo. El PP recurrió ante el Tribunal Constitucional los reales decretos leyes de igualdad de trato entre hombres y mujeres y de vivienda y alquiler, dos de los seis decretos que habían sido aprobados un día antes en el Parlamento. Génova 13 explicó entonces que habían acudido ante la Justicia al considerar que ambas normas carecían "de la extraordinaria y urgente necesidad exigida por la Constitución".

El PP planteó otra batalla legal nada más comenzar la legislatura presente, en diciembre de 2019, después de que en la sesión constitutiva de las nuevas Cortes varios diputados independentistas y de Unidas Podemos utilizaran fórmulas alternativas al 'sí juro' o 'sí prometo' –"Por la libertad de los presos políticos" o "por imperativo legal"– para acatar la Constitución y adquirir así la condición plena de parlamentarios. Al igual que las otras dos derechas –Ciudadanos y Vox– la formación de Pablo Casado anunció durante ese Pleno que presentaría sendos recursos de amparo ante la Mesa del Congreso y el Tribunal Constitucional por considerar "ilegales" y "anticonstitucionales" las frases utilizadas por algunos parlamentarios para adquirir la condición plena de diputados.

Contra la entrada de Iglesias en el CNI

"Quiero recordar que el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General dice que para adquirir la condición plena como parlamentario hace falta acatar públicamente la Constitución", dijo Casado durante el Pleno, según consta en el Diario de Sesiones de la Cámara Baja. Sin embargo, cuando el PP ostentaba la Presidencia del Parlamento que se mantuvo en manos de Ana Pastor entre julio de 2016 y mayo de 2019, los conservadores dieron por válidas idénticas fórmulas de acatamiento de la Constitución que después consideraron contrarias a la ley e incluso recurribles ante el Constitucional. Este tribunal aceptó a trámite los recursos el pasado septiembre.

En marzo, el PP anunció otro recurso ante el Tribunal Constitucional contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus que incluyó la posible entrada del vicepresidente Pablo Iglesias en la comisión delegada del CNI. Para la formación conservadora, el hecho de que el Ejecutivo utilizara una norma en pleno estado de alarma para blindar esa entrada de Iglesias en la citada comisión supone "una utilización partidista del estado de alarma" que los populares consideran "muy grave".

El secretario de Justicia del PP, Enrique López, explicó entonces a elDiario.es que a su juicio se daba "un uso partidista, torticero y poco leal de un instrumento como es un real decreto-ley que debe estar regido por razones de urgente necesidad. Es absolutamente aberrante considerar que la constitución de una comisión de CNI para integrar al vicepresidente Pablo Iglesias tiene algún tipo de razones de urgencia o de extrema necesidad salvo las de solventar problemas que se dan en el seno del Gobierno de coalición, totalmente alejadas de las energías para proteger la salud y las medidas que protejan la economía frente a la crisis del coronavirus".

Dos meses después, en mayo, el PP presentó finalmente su anunciado recurso ante el Tribunal Supremo contra el nombramiento de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. La dirección de Casado había anunciado dicho recurso a finales de febrero, cuando se hizo efectivo el nombramiento y Delgado tomó posesión de su nuevo cargo. En el texto el PP argumenta como principal motivo que la exministra no cumple el requisito de "idoneidad", por su "falta total de objetividad y de imparcialidad".

Frente a "una amnistía a la carta"

"Es la ministra número 23 del Gobierno de Pedro Sánchez. No se puede elegir fiscal general a un miembro del Gobierno socialista que, además, participó en actos electorales del PSOE lanzando proclamas muy duras contra un partido político, el PP", explicaron entonces fuentes de Génova 13.

El PP también ha anunciado que acudirá ante el Supremo si el Gobierno llegase a aprobar los indultos de los dirigentes independentistas condenados por su participación en el procés. Génova 13 considera que esos indultos a "los golpistas del 1-O" serían en realidad "una amnistía a la carta a los que intentaron fragmentar" España. "El PP es incompatible con dar indultos a quienes han sido condenados por dar un golpe a la Constitución, con pactar la renovación de instituciones a quienes las atacan y con modificar el Código Penal para favorecer a quienes cometen delitos", explican en la dirección popular.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también amenazó la semana pasada con llevar ante el Constitucional el decreto del Gobierno que estableció el estado de alarma en nueve municipios de la región por su inacción para controlar la pandemia en las ciudades más afectadas por la segunda oleada. De momento, no obstante, tan solo es una amenaza, ya que el Gobierno regional no ha avanzado si finalmente acudirá a los tribunales como hizo con la orden que confinó a diez poblaciones, cuyo recurso fue admitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) forzando al Ejecutivo central a recurrir a la alarma.

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16 de octubre de 2020 - 22:42 h

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