El juez del 'caso Neurona' archiva la investigación sobre la reforma de la nueva sede de Podemos

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, durante una sesión de control al Ejecutivo.

El juez de Madrid que investiga a Podemos, Juan José Escalonilla, ha acordado archivar otra de las líneas de investigación abiertas tras la denuncia del exabogado de la formación José Manuel Calvente, la relativa a la reforma de la nueva sede del partido, que se centraba en la diferencia de precios entre el presupuesto y la ejecución de esas obras. En un auto del pasado 12 de enero, al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez concluye que no hubo “distracción del dinero” destinado a la ejecución de las obras en la sede para “pagos u obras ajenas” a dichos trabajos y sobresee la investigación por un presunto delito de apropiación indebida en torno a esas obras. Asimismo, acuerda el sobreseimiento de la causa sobre el presunto delito de revelación de secretos y vulneración de la intimidad que también había denunciado Calvente.

El juez archiva la investigación de la presunta 'caja B' de Podemos

El juez archiva la investigación de la presunta 'caja B' de Podemos

En otra resolución, también del 12 de enero, el juez ha rechazado la pretensión del partido de que se revocara su condición de investigado y el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa respecto a la formación. El pasado noviembre, la representación legal de Podemos hizo esta petición al entender que tras las diligencias practicadas no se había podido acreditar ni “un solo indicio de una supuesta financiación irregular" y denunció que esta situación le generaba “efectos reputacionales negativos e injustificados".

El juez, sin embargo, afirma que existen "indicios de la distracción de dinero de la cuenta electoral" designada para las elecciones generales del 28 de abril de 2019 "para un fin distinto al propio de dicha cuenta electoral". Además, advierte de que su programa de cumplimiento normativo para la prevención de delitos no es "eficaz" y destaca la "inexistencia (...) de una verdadera cultura de cumplimiento" en el seno de la formación. La fiscal del caso, Lorena Álvarez Taboada, volvió a pedir el pasado diciembre que el partido continuara imputado al resultar esta figura “más garantista” aunque, a su juicio, siguen sin encontrarse indicios de financiación irregular.

La investigación que se sigue desde el pasado verano en un juzgado de Madrid se abrió a raíz de la denuncia que Calvente presentó en diciembre de 2019 ante la Guardia Civil. El abogado sostenía en esa denuncia que pudo haber "contrataciones ilícitas" para simular gastos y llevarse así "comisiones". Los agentes elaboraron un atestado en el que apreciaron delitos de administración desleal y malversación y el juez Escalonilla ordenó una serie de diligencias entre las que estaban la imputación del secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las dos últimas campañas electorales, Juan Manuel del Olmo Del Olmo, la gerente, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel de Frutos. El juez también tomó declaración al propio Calvente, que por redes sociales había dicho que el caso era "peor que Gürtel" pero que en su declaración rebajó sus acusaciones y dijo que no tenía pruebas de esas "autocontrataciones". 

El caso se ha ido desinflando en los últimos meses. En octubre, el juez sobreseyó por falta de indicios la línea de investigación abierta sobre la supuesta salida “opaca” de dinero del fondo al que los dirigentes del partido hacen donaciones para proyectos sociales, la llamada ‘caja de solidaridad’. El magistrado concluyó que no hubo administración desleal en el fondo que Calvente definió como 'caja B', una denominación que también hicieron suya los partidos de la oposición. Días antes también había acordado anular diligencias que él mismo había solicitado encaminadas a indagar en los contratos del partido con la consultora portuguesa ADB Europa tras constatar que el Tribunal de Cuentas había acreditado que no había irregularidades en dichos contratos. 

Ahora, respecto a la reforma de la sede, el juez concluye que no consta que con el dinero por el que se adjudicaron las obras se hubieran realizado “pagos ajenos” a las mismas y explica que la “divergencia” entre el precio de licitación —649.936,68 euros—  y el precio de adjudicación —1.361.055 euros euros— se debe a una valoración de las obras en el proyecto Básico y en el proyecto de Ejecución “no conforme con el valor de mercado”. Según declaró en su testifical el arquitecto que diseñó la reforma de la sede, Manuel Campos, se fijaron unos precios mínimos a través de la aplicación informática “Costes de Referencia de la Comunidad de Madrid” que no estaba actualizada. 

A juicio del magistrado, esta valoración a la baja se hizo “con la finalidad de pagar un importe inferior por el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)”. Y asegura que Podemos no ha entregado al juzgado la documentación acreditativa de la regularización del pago de dicho impuesto a pesar de que se le ha requerido en dos ocasiones. En su declaración como testigo, el arquitecto afirmó que una vez finalizada la obra ha de procederse a la regularización del pago del ICIO conforme al precio real. Por otro lado, el juez concluye que Podemos no sacó a concurso las obras de rehabilitación del edificio en el que está su nueva sede aunque esa falta de licitación "no constituye delito alguno".

La principal línea de investigación que sigue abierta es la que tiene que ver con el contrato que Podemos firmó con la consultora Neurona para las generales del 28 de abril de 2019, sobre el que la Fiscalía cree que “existen elementos que determinan que no se ha acreditado la justificación de este gasto resultando además que [la adjudicataria] es una empresa creada “ad hoc” para la prestación del servicio”. La sociedad se inscribió en el Registro Mercantil de Sevilla el 4 de abril de 2019, solo tres semanas antes de las generales. El contrato objeto de estas pesquisas, de 363.000 euros, se abonó con cargo a la subvención electoral y los investigadores sospechas que podría ser simulado.

Ante el juez, el secretario de Comunicación de Podemos defendió que Neurona realizó los trabajos que se le pagaron y se desentendió del uso que la consultora hubiera dado a esos fondos. Del Olmo, hombre muy próximo al actual vicepresidente Pablo Iglesias, explicó que apostó por la contratación de Neurona porque le ofrecía confianza en cuanto a su profesionalidad. Además, el partido aportó documentación para probar la existencia de esos trabajos para la campaña del 28-A. 

El pasado septiembre, la Fiscalía pidió al juzgado que investigara a Podemos solo por el citado contrato con Neurona. Sobre las otras cuestiones que incluyó el abogado en su denuncia aseguró que algunas de ellas eran “rumores, sospechas o suspicacias” mientras que para el resto no existen indicios que demuestren la existencia de hechos delictivos.

Etiquetas
Publicado el
13 de enero de 2021 - 14:33 h

Descubre nuestras apps

stats