PSOE y Unidas Podemos tramitan por la vía de urgencia la reforma que quita competencias al Consejo del Poder Judicial y evitan que este se posicione

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

La Mesa del Congreso —con los votos a favor de PSOE y de Unidas Podemos— ha acordado que la reforma que pretende limitar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando está en funciones, como ocurre en la actualidad desde hace más de dos años, se tramite por la vía de urgencia, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad. Esa reforma, respaldada por la mayoría reforzada de la investidura, tiene como objetivo impedir que un Consejo interino pueda hacer nombramientos discrecionales como los que prevé seguir haciendo en el Pleno del próximo 28 de enero. Ya son 61 desde diciembre de 2018, cuando expiró su mandato.

El Poder Judicial pide que el Congreso le permita examinar la reforma de PSOE y Podemos que pretende quitarle competencias en funciones

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Asimismo, el órgano de gobierno de la Cámara ha denegado el requerimiento que le hizo el pasado 17 de diciembre un CGPJ dividido para poder opinar sobre esa proposición de ley. Dieciséis de los 21 miembros del Pleno —los once conservadores y cuatro progresistas, más el presidente, Carlos Lesmes— acordaron solicitar al Congreso que recabara su informe y el de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa antes de aprobar esa proposición. Los otros cinco vocales, todos de la minoría progresista, pidieron la dimisión en bloque del Consejo para forzar su renovación. El PP presentó una solicitud similar que también ha sido rechazada con los votos de PSOE y Unidas Podemos. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 561.1 que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma se ha planteado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, una modalidad que no requiere ese control previo. 

En su informe, los letrados de la Cámara no se oponen, sin embargo, a que el CGPJ exprese su opinión sobre la modificación legal. Eso sí, precisan que la decisión sobre pedir documentación o comparecencias sobre una iniciativa legislativa no es de la Mesa, sino de la Comisión de Justicia que preside la socialista Isaura Leal, informa Europa Press.

Una vez aprobada la tramitación por la vía de urgencia, a la que se han opuesto PP y Vox, la Mesa de la Cámara ha fijado un plazo de ocho días hábiles —computándose para ello el mes de enero— para la presentación de enmiendas a la proposición de ley, que fue tomada en consideración por el Pleno el pasado 15 de diciembre. Los grupos que se oponen —PP, Vox y Ciudadanos— tendrán una segunda oportunidad para intentar frenarla o, al menos, dilatar su tramitación. Eso sí, para hacerlo deberán presentar una enmienda de totalidad con texto alternativo, lo que obligaría a celebrar un nuevo debate en el Pleno, ya en febrero, antes de poder enviar el texto a la Comisión de Justicia.

Siguen los nombramientos

Entre tanto, el CGPJ pretende seguir haciendo nombramientos clave en la cúpula de los principales tribunales. La Comisión Permanente —de la que forman parte el presidente, Carlos Lesmes, y otros siete vocales— está entrevistando durante este miércoles y mañana jueves a los candidatos a ocupar las presidencias de ocho Audiencias Provinciales y de la Sala de lo Social del TSJ de Baleares. Estos vocales elegirán a las ternas de aspirantes sobre la que previsiblemente decidirá el próximo Pleno, que tendrá lugar el 28 de enero. 

Además, el pasado 22 de diciembre la Comisión Permanente acordó anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de dos plazas de magistrado o magistrada en la Sala Primera del Tribunal Supremo, correspondientes al turno general y vacantes por la jubilación el pasado mes de noviembre de los magistrados Antonio Salas Carceller y Eduardo Baena Ruiz. En el Alto Tribunal los nombramientos, en la práctica, son vitalicios. 

Lesmes, que fue alto cargo en los gobiernos de José María Aznar, dejó claro el pasado septiembre en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial que los nombramientos en la cúpula judicial debían seguir desarrollándose “con normalidad”. “Lo contrario sería incumplir la propia norma fundamental”, aseguró entonces. En el Pleno de septiembre se adjudicaron seis plazas en el Supremo y en el de octubre otras ocho. Entre ellas, las presidencias de los TSJ de Baleares y Cantabria. 

Ante el avance de las negociaciones para la renovación, Lesmes trasladó a los vocales su intención de paralizar los nombramientos. De hecho, en el Pleno de noviembre se adjudicaron únicamente dos plazas en la jurisdicción militar y no se promovieron nuevas convocatorias. Después, ante la ausencia de avances en la vía abierta entre el PSOE y el PP, decidió retomarlos. En el Pleno de diciembre adjudicó otras cuatro plazas. 

Fuentes del CGPJ recuerdan que el Reglamento de nombramientos establece que las vacantes tienen que publicarse en el BOE "inmediatamente de producidas" y que el Consejo tiene que resolver "en el plazo máximo de seis meses". En los más de dos años que el órgano de gobierno de los jueces lleva con su mandato caducado se han adjudicado 61 puestos de alto nivel en los principales tribunales. 18 de ellos en el Supremo, tres en la Audiencia Nacional, 23 en los tribunales superiores autonómicos y 17 en audiencias provinciales.

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